Un operativo sin precedentes golpeó ayer, 22 de agosto de 2025, las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. La medida, liderada por la Fiscalía de Fe Pública de Piñas, se enmarca en la investigación que dirige el bufete Maldonado & Asociados en defensa del empresario quiteño Oscar Ayerve, quien ha denunciado reiteradas negativas a entregar información pública crítica.
Contrataciones bajo la lupa
El contrato con código SIE-GADM-PINAS-2025-01 concentra las mayores sospechas. El adjudicatario, según información recabada, enfrenta denuncias en todo el país por:
- Falsificación y uso de documento falso
- Estafa
- Delincuencia organizada, entre otros.
A pesar de estas acusaciones, la actual administración municipal encabezada por la alcaldesa Teresa Feijoó Jaramillo ha mantenido vigentes estas contrataciones turbias, erigiendo barreras al acceso a la información.
Bloqueo sistemático a la transparencia
Oscar Ayerve formalizó su petición de transparencia ante la Fiscalía de Fe Pública de Piñas, exigiendo:
- Entrega de documentos públicos.
- Informes de adjudicación.
- Lista consolidada de documentación.
La respuesta del GAD Municipal de Piñas: silencio y documentos incompletos. Esta omisión viola derechos constitucionales de acceso a la prueba y coarta el derecho de la ciudadanía a fiscalizar el manejo de recursos.
El allanamiento y sus hallazgos
Durante el allanamiento del 22 de agosto, se incautaron expedientes, discos duros y correos electrónicos que, según fiscales y peritos, podrían contener pruebas de:
- Operaciones fraudulentas de funcionarios y contratistas.
- Enriquecimiento ilícito y favoritismos
- Conexiones entre la administración municipal y redes organizadas
En los próximos días, se conocerán los resultados del análisis forense que incriminarán a los responsables y evidenciarán el entramado de complicidades internas.
Piñas en estado de alerta y malestar social
Nunca antes un municipio de la Parte Alta de El Oro había sido objeto de un allanamiento de esta magnitud. La población vive con nerviosismo esta “cacería” institucional, mientras observa cómo las fuerzas del orden irrumpen en espacios que, hasta ayer, parecían intocables.
En el contexto nacional de creciente violencia y desconfianza en las instituciones, los piñascienses—como el resto de los ecuatorianos—exigen transparencia absoluta. El descontento popular, ya palpable por carencias en servicios básicos y obras pendientes, se agrava ante la sensación de impunidad que rodea a la alcaldesa Feijoó Jaramillo.
La gobernabilidad de Piñas pende de un hilo. Frente a este escándalo, sólo la exigencia colectiva de verdad y rendición de cuentas podrá restaurar la confianza y proteger el erario.
Redacción: Maldonado & Asociados
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