En un claro reflejo del compromiso con la institucionalidad y el Estado de derecho, el bufete Maldonado & Asociados Abogados, encabezó una iniciativa ciudadana para impugnar la Ley Orgánica de Integridad Pública. La acción de inconstitucionalidad, inscrita bajo el código 70-25-IN, fue admitida a trámite por la jueza Claudia Salgado Levy, quien dispuso su acumulación al Caso No. 52-25-IN y sus procesos conexos. En paralelo, la Unión Nacional de Educadores, representada por Andrés Quishpe, presentó su propia acción ante la Corte Constitucional, conformando un frente plural que reitera la relevancia de la participación social en el control de constitucionalidad.
Las audiencias se desarrollaron los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto de 2025, ante el Pleno de la Corte Constitucional en formato telemático. Más de treinta accionantes expusieron los vicios de forma y de fondo de la norma. En lo formal, se subrayó la transgresión al principio de unidad de materia consagrado en el artículo 136 de la Constitución, pues la ley agrupa disposiciones sin conexidad temática ni objetividad teleológica. En cuanto al fondo, los intervinientes advirtieron regresión de derechos en el sector público, afectación al derecho de libre asociación, erosión de la seguridad jurídica e incertidumbre normativa.
La defensa institucional —a cargo de la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y otras entidades públicas—, junto con varios amicus curiae afines, centró sus argumentos en consideraciones políticas y juegos de palabras que el Pleno calificó de insuficientes para justificar la coherencia técnica de la norma. Las magistradas y los magistrados formularon numerosas preguntas para aclarar la verdadera dimensión de la ley, a las cuales las representaciones estatales respondieron con escasa precisión, evidenciando la necesidad de un debate técnico riguroso.
Al filo de las 18h00 del jueves 28 de agosto, el juez sustanciador José Luis Terán clausuró esta etapa del proceso y anunció que continuará la recepción de documentos y pruebas ciudadanas hasta la resolución definitiva. Este llamado fortalece la institucionalidad nacional y confirma que el control constitucional es un ejercicio abierto, donde la sociedad aporta elementos indispensables para la deliberación y el fallo de la Corte Constitucional.
En este proceso adquirió un protagonismo destacado el Dr. Carlos Maldonado Rogel, especialista en Garantías Jurisdiccionales y Reparación Integral. Su intervención se concentró en los defectos de forma de la norma, sustentada en precedentes como la Sentencia No. 44-16-IN/22. El Dr. Maldonado Rogel enfatizó que, si bien los cuestionamientos de fondo —ya derogados por la Asamblea Nacional en una ley posterior— también merecen estudio, la forma precede al fondo en el análisis constitucional. Su liderazgo técnico y su visión de abogado ciudadano refuerzan la convicción de Maldonado & Asociados de promover un debate jurídico sólido, en defensa de la coherencia normativa y la transparencia institucional.
Redacción: Maldonado & Asociados
Contacto: info@carlosmaldonad.info | (+593) 989943658
